El 12 de noviembre de 2020 el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa con el objetivo, entre otros, de derogar la regulación vigente en materia de subcontratación.
Se esperaba su discusión y aprobación en el Congreso de la Unión antes de finalizar el año, sin embargo, el sector empresarial solicitó un análisis más detallado de las consecuencias de la propuesta.
En diciembre de 2020 se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartita para que los sectores patronal y obrero llevarán a cabo reuniones con el gobierno federal y analizar la iniciativa, así como los posibles efectos que traería respecto a la obligación de reparto de utilidades. Debido a este acuerdo es que las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, encargadas de dictaminar, pospusieron la discusión.
Después de tres meses de diálogo, mediante mesas de trabajo y foros, el pasado 5 de abril se llegó a un acuerdo en materia de subcontratación y reparto de utilidades con dirigentes sindicales y empresariales.
Dado este acuerdo, la discusión de la iniciativa se reactivó en el Congreso de la Unión para ser aprobado por ambas cámaras.
Asuntos a considerar
Dada la complejidad de los asuntos que son modificados, es necesario llevar a cabo diversas modificaciones a las estructuras corporativas, evaluar la clasificación de los servicios recibidos por los diferentes proveedores, así como de los propios servicios proporcionados por el contribuyente a fin de contar con la documentación que permita demostrar a las autoridades el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.
Si bien las modificaciones son en el ámbito Federal también habrá que tomar en consideración los efectos que tendrá a nivel estatal y municipal por el impuesto sobre nóminas que se causará a nivel del nuevo empleador que haya contratado a los trabajadores.
